La investigación analiza cómo se entrecruzan las desigualdades de género, origen y condiciones socioeconómicas, y plantea medidas para combatirlas.

Las mujeres racializadas que viven en el medio rural se enfrentan a múltiples obstáculos que limitan su autonomía y dificultan su participación social. El acceso a un empleo digno, la búsqueda de vivienda, las responsabilidades de cuidados o la realización de trámites administrativos son algunas de las barreras que encuentran en su día a día. Lejos de ser dificultades aisladas, se entrelazan y refuerzan entre sí, agravando sus condiciones de vida. Esta es una de las principales conclusiones de la Investigación sobre las consecuencias del racismo estructural de las mujeres racializadas en el medio rural impulsada por COCEDER este año.

El estudio se ha desarrollado junto a los Centros de Desarrollo Rural AFA Bierzo, Alt Maestrat, La Safor, O Viso y Portas Abertas en cinco comarcas rurales: El Bierzo (León), Verín y A Limia (Ourense), Alt Maestrat (Castellón) y La Safor (Valencia). Combina análisis documental, cuantitativo y cualitativo, con 71 entrevistas semiestructuradas realizadas entre febrero y julio de 2026. Participaron 55 mujeres racializadas y 16 profesionales, contratantes y mujeres autóctonas.

Los resultados, presentados en una jornada online el pasado 3 de noviembre, evidencian una situación de triple discriminación vinculada al género, la racialización y las condiciones socioeconómicas. Esta combinación genera desigualdades específicas que condicionan sus oportunidades, su acceso a derechos y sus posibilidades de desarrollar un proyecto de vida autónomo en el medio rural.

Barreras estructurales

La investigación identifica ocho barreras: desclasamiento, segmentación etnificada del empleo, reconocimiento desigual de capitales, barreras institucionales y administrativas, racismo cotidiano y estereotipos, jerarquías horizontales, barreras territoriales de la ruralidad y género, cuidados y dependencia.

Entre los resultados destaca la concentración de mujeres racializadas en determinados sectores laborales, como los cuidados, el trabajo interno, la limpieza, la hostelería y el campo. También se identifican dificultades para formalizar contratos y reclamar derechos, así como obstáculos derivados de las redes informales de contratación, que favorecen a quienes ya tienen contactos en los municipios.

La situación de las trabajadoras internas merece especial atención: cuando empleo y vivienda comparten espacio, pueden generarse relaciones de dependencia, aislamiento y dificultades para reclamar derechos.

La vivienda constituye otra frontera importante. El estudio recoge negativas explícitas por el origen o los apellidos, exigencias de solvencia, acceso a infraviviendas y dificultades para alquilar por falta de documentación o nómina.

Los datos muestran que, en municipios de menos de 1.000 habitantes, el porcentaje de hogares en alquiler es del 10,1% entre los españoles de origen, del 20% entre las personas nacionalizadas y del 46,4% entre las extranjeras. En municipios de 10.000 habitantes o más, las cifras aumentan al 15,9%, 46,1% y 74,7% respectivamente. Además, el estudio recoge una pobreza laboral del 31,4% entre trabajadores extranjero, frente al 8,7% de los españoles, según Oxfam Intermón (2026).

Las barreras no actúan de forma aislada, sino encadenadas: la falta de documentación dificulta el acceso al empleo; sin empleo resulta más difícil alquilar una vivienda; y sin estabilidad residencial o redes de apoyo se reducen las posibilidades de aprendizaje del idioma, formación o promoción laboral.

Junto a ello, la investigación señala una paradoja. Mientras la llegada de población migrante contribuye a sostener la población y el trabajo de cuidados en muchas zonas rurales, la preocupación por la inmigración se ha incrementado notablemente en los municipios pequeños. Según los datos analizados, el porcentaje de personas que sitúa la inmigración entre los principales problemas pasó del 6,6 % en 2024 al 17,6 % en 2026 en localidades de menos de 10.000 habitantes.

Racismo estereotipado

Durante la investigación, hemos encontrado distintas manifestaciones del racismo según los estereotipos de las mujeres racializadas: exclusión laboral vinculada a los apellidos entre mujeres gitanas, rechazo y encasillamiento en los cuidados entre mujeres negras, sexualización de las mujeres latinoamericanas e invisibilización de las mujeres árabes. A ello se suman las dificultades derivadas de los procedimientos de extranjería, la dependencia documental y la vigilancia cotidiana.

Propuestas para avanzar hacia la igualdad

COCEDER plantea trece propuestas agrupadas en seis ejes: derechos y extranjería; protección frente al racismo; vivienda; empleo y capitales; servicios y comunidad; y seguimiento.

Entre las medidas figuran la extranjería de proximidad, la detección profesional de la discriminación, las garantías públicas para el alquiler, la formalización del empleo de cuidados, el reconocimiento de títulos y competencias, los protocolos antirracistas en las escuelas rurales y un sistema de indicadores con datos abiertos.

El estudio también reconoce las fortalezas comunitarias del medio rural, como las redes de apoyo mutuo, la capacidad de organización de las propias mujeres y los espacios de convivencia, entre ellos la escuela rural.

Con esta investigación, COCEDER contribuye a visibilizar una realidad que a menudo permanece oculta, especialmente en el medio rural, y a generar conocimiento para impulsar políticas públicas más eficaces, sensibles al territorio y centradas en los derechos de las personas.

La Investigación sobre las consecuencias del racismo estructural de las mujeres racializadas en el medio rural está financiada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 dentro de los programas de interés social, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del IRPF.