Esta semana el CDR La Safor ha hecho público el primer informe sobre el racismo estructural en la comarca de La Safor. Éste, elaborado a encargo de COCEDER, forma parte de una investigación estatal que trata de comprobar las especificidades de la discriminación y el racismo estructural en el medio rural de seis comarcas. Este estudio se enmarca en el programa "Racismo estructural en el ámbito rural: un análisis sociológico de sus dinámicas y consecuencias" de ámbito estatal.
El informe estatal, impulsado por técnicos del CDR La Safor y del CDR Alt Maestrat, nace como una necesidad de los centros para radiografiar las barreras y estigmas que sufre la población migrante y la gitana en su cotidianidad y en relación a los servicios públicos. El informe comarcal, por su lado, se hace público con la intención de servir de material de información y sensibilización para toda la sociedad, pero sobre todo para los cuerpos profesionales del estado que tratan en su trabajo con esta población.
El informe comarcal es el resultado del trabajo de campo realizado desde febrero hasta julio de este año, donde se ha contado con la voz de diferentes profesionales del ámbito educativo, sanitario, administrativo y asociativo, así como con el testimonio del pueblo gitano y de la población migrante de diversos pueblos de la comarca, con un total de 24 personas entrevistadas. Éste, dividido por fases, pone luz y taquígrafos a los condicionantes que determinan la vida de la población migrante y gitana desde el ámbito económico, social, cultural, simbólico y participativo.
Según el CDR la Safor, el racismo estructural, a diferencia del racismo social, "opera a través de instituciones y cuerpos funcionariales que mantienen las diferencias de poder y privilegio según el origen étnico o la racialización de la población atendida. Esto puede incluir prácticas discriminatorias en el ámbito administrativo, educativo o sanitario más básico, así como en el acceso a recursos y oportunidades".
Con la intención de mejorar el trato hacia esta población, el informe trata de poner en común las problemáticas compartidas que explican la tendencia a la discriminación, así como posibles propuestas que ayudan a paliar la situación en la que se encuentra la mayoría: desatención, barreras y silencios administrativos, ligados a situaciones de vulnerabilidad y pobreza enquistadas.
En conclusión, el informe busca identificar todas las consecuencias del racismo estructural, como opera sobre la cotidianidad de la población objeto de estudio y propone medidas «que puedan cambiar o, como mínimo, mejorar el trato que recibe este grueso de población por parte de los profesionales de la administración pública; ya que sólo cuando se es consciente de la problemática y los factores que la causan, que se pueden tomar medidas», tal y como afirman desde la entidad comarcal.
La investigación estatal está financiada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dentro de los programas de interés social, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF.