1,3 millones de hogares en España sufren distrés financiero

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La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), en colaboración con su red territorial EAPN Galicia, han celebrado la jornada online de lucha contra la discriminación y la aporofobia: ‘Inclusión financiera: ¿enfoque de derechos o aporofobia bancaria? #aporofobiabancaria. Más de 120 personas han participado en esta jornada, que ha servido para abordar las principales causas de las dificultades financieras encontradas por los hogares en el contexto de crisis social y económica derivada de la pandemia, analizando la gestión de los recursos en los hogares, la situación de endeudamiento de las personas, el acceso a la banca y a los servicios bancarios, así como problemas como la pérdida de servicios en las zonas rurales.

El presidente de EAPN-ES y EAPN Europa, Carlos Susías, destacó durante la inauguración cómo «decisiones políticas y económicas nos han llevado a una situación de exclusión financiera insostenible para millones de familias. El Banco de España y el Ministerio de Economía deben afrontar la aporofobia bancaria y garantizar que toda la ciudadanía tenga acceso al sistema bancario y financiero».

Durante la ponencia inaugural, Graciela Malgesini, responsable de Incidencia Política y Asuntos Europeos de EAPN-ES y coordinadora del informe Inclusión financiera para el desarrollo sostenible, un enfoque de derechos en el proceso de reconstrucción post pandemia, destacó cómo «la pandemia ha agravado la situación de ‘distrés financiero’* en la que vive el 7,3% de la población en España (1.329.863 hogares). Según el Instituto Nacional de Estadística, con datos de 2021, el 35,4% no puede afrontar un gasto imprevisto de 650 euros, el 45,1% llega con alguna o mucha dificultad a fin de mes y el 12,2% tiene retraso en el pago de los gastos de la vivienda habitual».

En el contexto europeo, más de 37 millones de personas carecen de acceso a servicios financieros formales y están en situación de exclusión financiera (un millón de ellas en España). Sólo dos Estados miembro, Dinamarca y Finlandia, tienen el 100% de la población totalmente incluido en el sistema financiero. En los países de la UE-15, 2 de cada 10 personas adultas carecen de acceso a servicios bancarios transaccionales; 3 de cada 10 no tienen acceso a ahorros y 4 de cada 10 no tienen facilidades de crédito, aunque son bastantes menos (menos de uno de cada diez) los que afirman que se les ha denegado crédito.

Durante el panel principal de la jornada, Manuel Pardos, presidente de ADICAE, destacó cómo «ha impactado la pandemia en el sobreendeudamiento familiar. Un problema que lleva más de 20 años enquistado y que ha afectado a millones de personas en España. La alfabetización financiera debe ser una prioridad para la banca»Por su parte, Fernando de Andrés, secretario general de la Valedora do Pobo de Galicia, llamó la atención sobre los colectivos que más están sufriendo el aumento de la exclusión financiera. «Personas mayores, migrantes y refugiadas o perceptoras de pensiones o rentas mínimas de bajo importe, trasladan repetidamente su preocupación por las dificultades para acceder a cuentas básicas gratuitas, el cobro de elevadas comisiones bancarias o el embargo indebido de prestaciones». 

Carlos San Juan, promotor de la campaña #SoyMayorNoIdiota, ha explicado el éxito de su campaña, que ha logrado el compromiso del Gobierno frente al trato de los bancos, tras conseguir 600.000 firmas de apoyo. «Esta campaña nació del monopolio digital de las entidades bancarias. La digitalización es importante, pero lo más urgente es recuperar la atención humana y personal en las entidades bancarias. Así se lo hemos transmitido a la ministra Calviño».

Por último, Sol Vázquez, gerente del Instituto Gallego del Consumo y de la Competencia de la Xunta de Galicia, destacó «las carencias de información de los consumidores para acceder a la cuenta de pago básica. Pese a que la normativa obliga a las entidades de crédito a informar sobre las cuentas de pago básicas, existe un incumplimiento generalizado de tales deberes de información. El acceso al sistema bancario y financiero es un servicio esencial, por lo que deben corregirse todas las dificultades de acceso y exigir su cumplimiento. La normativa debe proteger a las personas consumidoras, en especial a las más vulnerables».

Una investigación de EAPN-ES realizada sobre una muestra 348 personas en situación de vulnerabilidad social, ha revelado que casi la mitad (47,6%) ha indicado que en el último año ha sufrido un gran incremento de las comisiones por servicios de su entidad bancaria; el 44,2% ha asegurado que las condiciones de su cuenta han empeorado y le han quitado bonificaciones y el 20,2% han querido abrirse una cuenta bancaria y se la han denegado.

Las principales causas de exclusión al acceso de una cuenta bancaria señaladas por las personas encuestadas son:

  • -Desde las entidades bancarias les piden requisitos que no pueden cumplir (80%).
  • -El 60% queda excluido debido a que sus ingresos son muy escasos.
  • El 20% tiene miedo a operar por Internet.

La discriminación en el acceso a las personas pobres se une con otro concepto clave: la ’violencia administrativa’,que hace referencia al trato distante, prejuicioso, sin empatía, ni calidad por parte de la administración pública encargada de atender las demandas sociales de las personas sin recursos o en situación de vulnerabilidad. 

Algunos ejemplos:

  • -La tramitación online se está priorizando frente a la atención presencial.
  • En el ámbito rural no se cumple con el principio de igualdad, porque la población no tiene acceso a la atención.
  • -Los trámites son demasiado complejos, y que no tienen recursos para pagar un servicio de defensa legal que les apoye, lo cual los lleva abandonar las reclamaciones.

Para hacer frente a esta situación de exclusión financiera, EAPN-ES propone, entre otras medidas:

  • -Una intervención amplia de los gobiernos central y autonómicos para erradicar la pobreza entre la población que trabaja y la que está desempleada o inactiva.
  • -El Gobierno central debería garantizar la operatividad de la cuenta básica, tal como obliga la ley. También es necesario establecer que las entidades bancarias no apliquen comisiones por cobro de servicios a las cuentas con menores cuantías.
  • -El Gobierno central debería mejorar la opción de la bancarrota personal, para que las personas afectadas por impagos puedan volver a empezar y no queden lastradas por el endeudamiento durante toda la vida, incluyendo la de sus descendientes, quienes heredan sus deudas.
  • Gobierno central debería lanzar una campaña de acceso a competencias digitales, para evitar que las personas no puedan acceder a servicios básicos por carecer de los conocimientos o los instrumentos necesarios. 
  • Garantizar la atención presencial a todas las personas que así lo necesiten y manifiesten: personas mayores, con discapacidad y quienes están en proceso de superación de la brecha digital.
  • -El Banco de España debería controlar a todas las entidades de créditos rápidos que actualmente operan sin su supervisión y que encuentran clientes entre las personas desesperadas.
  • -Es necesario que las comunidades autónomas con mayor grado de exclusión financiera dediquen recursos para actuar en contra de este problema, así como para que dirijan recursos a los perfiles más afectados.
  • -Desde el ámbito de los servicios sociales locales, se deben establecer líneas de microcréditos sin intereses, asociados a personas con itinerarios de inserción sociolaboral.
  • -Las entidades del Tercer Sector de Acción Social deben apoyar a las personas en pobreza para mejorar su educación financiera y superar la brecha digital.

El distrés financiero se produce cuando los hogares, al carecer de renta disponible, se ven obligados a usar sus ahorros o a pedir dinero prestado. Cuando van a pedir créditos o refinanciación, se enfrentan con la banca y sus condiciones.

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